June 16 1954: The Catholic enslavement of the Dominican mentality!

Leonidas Trujillo left his mark in the Dominican history and not in a good way. All of the crime, corruption, repression and indoctrination one stands above all and still at play today.

El concordato entre la santa sede catolica y la Republica Dominicana.

Here is the text below and I hope all you here read the whole text.

As you read ask you selves is this the reason why the education and many other things in DR fail with no ending in sight?

CONCORDATO ENTRE LA SANTA SEDE Y LA REPÚBLICA DOMINICANA

En el nombre
de la Santísima Trinidad

La Santa Sede Apostólica y la República Dominicana, animadas del deseo de asegurar una fecunda colaboración para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación Dominicana, han determinado estipular un Concordato que constituya la norma que ha de regular las recíprocas relaciones de las Altas Partes contratantes, en conformidad con la Ley de Dios y la tradición católica de la República Dominicana.

A este fin Su Santidad el Sumo Pontífice Pío XII ha nombrado por su Plenipotenciario a:

Su Excelencia Reverendísima Monseñor Domenico Tardini, ProSecretario de Estado para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios,

y Su Excelencia el Presidente de la República Dominicana ha nombrado por su Plenipotenciario a :

Su Excelencia el Generalísimo Dr. Rafael Leonidas Trujillo Molina.

Ambos Plenipotenciarios, después de confrontar sus respectivos Plenos Poderes y hallarlos en debida forma expedidos, acordaron lo siguiente:

Artículo 1

La Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la de la Nación Dominicana y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico.

Artículo II

1. El Estado Dominicano reconoce la personalidad jurídica internacional de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.

2. Para mantener, en la forma tradicional, las relaciones amistosas entre la Santa Sede y el Estado Dominicano, continuarán acreditados un Embajador de la República Dominicana cerca de la Santa Sede y un Nuncio Apostólico en Ciudad Trujillo. Este será el decano del Cuerpo Diplomático, en los términos del derecho consuetudinario.

Artículo III

1. El Estado Dominicano reconoce a la Iglesia Católica el carácter de sociedad perfecta y le garantiza el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual y de su jurisdicción, así como el libre y público ejercicio del culto.

2. En particular, la Santa Sede podrá sin impedimento promulgar y publicar en la República Dominicana cualquier disposición relativa al gobierno de la Iglesia y comunicarse con los Prelados, el clero y los fieles del País, de la misma manera que éstos podrán hacerlo con la Santa Sede.

Gozarán de las mismas facultades los Ordinarios y las otras Autoridades eclesiásticas en lo referente a su clero y fieles.

Artículo IV

1. El Estado Dominicano reconoce la personalidad jurídica a todas las instituciones y asociaciones religiosas, existentes en la República Dominicana a la entrada en vigor del presente Concordato, constituidas según el Derecho Canónico; en particular a las Diócesis y a la Prelatura nullius con sus instituciones anejas, a las Parroquias, a las Ordenes y Congregaciones religiosas; a las Sociedades de vida común y a los Institutos seculares de perfección cristiana canónicamente reconocidos, sean de derecho pontificio o de derecho diocesano, a sus provincias y a sus casas.

Las Autoridades eclesiásticas competentes comunicarán al departamento correspondiente del Gobierno Dominicano la lista de las instituciones y asociaciones religiosas que se acaban de mencionar, dentro de los dos meses que sigan a la ratificación de este Concordato.

2. Gozarán de igual reconocimiento las entidades de la misma naturaleza que sean ulteriormente erigidas o aprobadas en la República Dominicana por las Autoridades eclesiásticas competentes, con la sola condición de que el decreto de erección o de aprobación sea comunicado oficialmente por escrito a las Autoridades competentes del Estado.

Artículo V

1. Cuando la Santa Sede proceda al nombramiento de un Arzobispo u Obispo residencial o su Coadjutor con derecho a sucesión, comunicará al Gobierno Dominicano el nombre de la persona escogida, a fin de saber si contra ella existen objeciones de carácter político general. El silencio del Gobierno, pasados treinta días a contar de la precitada comunicación, se interpretará en el sentido de que no existe objeción. Todas estas gestiones se conducirán en el más estricto secreto.

2. Al hacer las designaciones de Arzobispo y Obispos, el Santo Padre tendrá en cuenta a los sacerdotes, idóneos para estas funciones, que sean ciudadanos dominicanos. Sin embargo, el Santo Padre podrá, cuando lo juzgue necesario y conveniente para el mayor bien religioso del País, por razón de la escasez de sacerdotes dominicanos, elegir para tal dignidad otros sacerdotes, que no sean de nacionalidad dominicana.

Artículo VI

1. La organización y circunscripción eclesiástica, del territorio de la República Dominicana queda constituida así : Arquidiócesis Metropolitana de Santo Domingo ; Diócesis de Santiago de los Caballeros; Diócesis de La Vega; Prelatura nullius de San Juan de la Maguana.

2. Para la erección de una nueva Diócesis o Prelatura nullius y para otros cambios de circunscripciones diocesanas que pudieran juzgarse necesarias, la Santa Sede se pondrá previamente de acuerdo con el Gobierno Dominicano, salvo si se tratase de mínimas rectificaciones de territorio reclamadas por el bien de las almas.

Artículo VII

1. El Gobierno Dominicano se compromete a construir la Iglesia Catedral o Prelaticia y los edificios adecuados que sirvan de habitación del Obispo o Prelado nullius y de oficinas de la Curia, en las Diócesis y Prelatura nullius actualmente existentes que lo necesiten, y en las que se establezcan en el futuro.

2. Además el Gobierno asegura a la Arquidiócesis de Santo Domingo y a cada Diócesis o Prelatura nullius actualmente existentes o que se erijan en el futuro una subvención mensual para los gastos de administración y para las iglesias pobres.

Artículo VIII

Al Arzobispo de Santo Domingo corresponde el título de Primado de Indias de acuerdo con la Bula de Pío VII Divinis praeceptis del 28 de noviembre de 1816.

Se confirman a la Iglesia Metropolitana de Santo Domingo el título, los derechos y privilegios de Basílica Menor, que le otorgó Benedicto XV en su Breve Inter Americae del 14 de junio de 1920.

Artículo IX

1. La erección, modificación o supresión de parroquias, beneficios y oficios eclesiásticos, así como el nombramiento del Vicario General, oficiales de la Curia, párrocos y todo sacerdote o funcionario encargado de cualquier oficio eclesiástico serán hechos por las Autoridades eclesiásticas competentes, ciñéndose a las disposiciones del Derecho Canónico. Sin embargo las Autoridades eclesiásticas correspondientes comunicarán al Gobierno con la mayor rapidez el nombramiento del Vicario General, de los párrocos y, en caso de vacancia de una parroquia, del vicario encargado de la misma. Al hacer estas designaciones, las Autoridades eclesiásticas preferirán, a ser posible, a sacerdotes idóneos que sean ciudadanos dominicanos.

2. La eventual objeción del Gobierno al comportamiento de un funcionario eclesiástico será objeto de consideración y decisión por las Autoridades eclesiásticas competentes.

Artículo X

1. Las Autoridades eclesiásticas podrán usar los servicios y la cooperación del clero extranjero, secular o religioso, y confiar a sacerdotes extranjeros dignidades, oficios y beneficios eclesiásticos, cuando lo juzguen conveniente para el bien del País o de su Diócesis o Prelatura.

2. Los sacerdotes, religiosos y religiosas extranjeros, que la Autoridad eclesiástica invite al País para ejercer su ministerio o desenvolver las actividades de su apostolado, estarán exentos de cualquier tasa o impuesto de inmigración.

3. Los Superiores generales y provinciales de las Ordenes y Congregaciones religiosas, que residen fuera del territorio dominicano, aunque sean de otra nacionalidad, tienen el derecho de visitar, por sí o por otras personas, sus casas religiosas situadas en la República Dominicana.

Artículo XI

1. Los eclesiásticos gozarán en el ejercicio de su ministerio de una especial protección del Estado.

2. Los eclesiásticos no podrán ser interrogados por jueces u otras autoridades sobre hechos o cosas cuya noticia les haya sido confiada en el ejercicio del sagrado ministerio y que por lo tanto caen bajo el secreto de su oficio espiritual.

3. Los clérigos y los religiosos no estarán obligados a asumir cargos públicos o funciones que, según las normas del Derecho Canónico, sean incompatibles con su estado.

Para poder ocupar otros empleos o cargos públicos, necesitarán el Nihil obstat de su Ordinario propio y del Ordinario del lugar donde hubieren de desempeñar su actividad. Revocado el Nihil obstat, no podrán continuar ejerciéndolos.

Artículo XII

Los clérigos, los seminaristas de filosofía y teología y los religiosos, ya sean profesos o novicios, están exentos del servicio militar, salvo el caso de movilización general.

En caso de movilización general, los sacerdotes prestarán el servicio militar en forma de asistencia religiosa; los demás clérigos y religiosos serán enviados a las organizaciones sanitarias y de la Cruz Roja.

Estarán exentos del servicio militar, aún en el caso de movilización general, los Obispos, los sacerdotes que tengan cura de almas, como los párrocos y coadjutores, y los sacerdotes necesarios al servicio de las Curias diocesanas o prelaticias y de los Seminarios.

Artículo XIII

En caso de que se levante acusación penal contra alguna persona eclesiástica o religiosa, la Jurisdicción del Estado apoderada del asunto deberá informar oportunamente al competente Ordinario del lugar y transmitir al mismo los resultados de la instrucción, y, en caso de darse, comunicarle la sentencia tanto en primera instancia como en apelación, revisión o casación.

En caso de detención o arresto el eclesiástico o religioso será tratado con el miramiento debido a su estado y a su grado.

En el caso de condena de un eclesiástico o de un religioso, la pena se cumplirá, en cuanto sea posible, en un local separado del destinado a los laicos, a menos que el Ordinario competente hubiese reducido al estado laical al condenado.

Artículo XIV

El uso del hábito eclesiástico o religioso por personas eclesiásticas o religiosas a quienes haya sido prohibido por orden de las competentes Autoridades eclesiásticas, oficialmente comunicada a las Autoridades del Estado, así como el uso abusivo del mismo hábito por otras personas, será castigado con las mismas penas previstas para el caso de uso abusivo del uniforme militar. Será castigado en los mismos términos el ejercicio abusivo de jurisdicción o funciones eclesiásticas.

Artículo XV

1. La República Dominicana reconoce plenos efectos civiles a cada matrimonio celebrado según las normas del Derecho Canónico.

2. En armonía con las propiedades esenciales del matrimonio católico queda entendido que, por el propio hecho de celebrar matrimonio católico, los cónyuges renuncian a la facultad civil de pedir el divorcio, que por esto mismo no podrá ser aplicado por los tribunales civiles a los matrimonios canónicos.

Artículo XVI

1. Las causas concernientes a la nulidad del matrimonio canónico y la dispensa del matrimonio rato y no consumado, así como el procedimiento relativo al Privilegio Paulino, quedan reservados a los Tribunales y a los órganos eclesiásticos competentes.

La Santa Sede consiente que las causas matrimoniales de separación de los cónyuges sean juzgadas por los Tribunales civiles.

2. Las decisiones y sentencias de los órganos y Tribunales eclesiásticos, cuando sean definitivas, se elevarán al Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica para su comprobación y serán transmitidas después, con los respectivos decretos de dicho Supremo Tribunal, por vía diplomática al Tribunal dominicano competente, que las hará efectivas y mandará que sean anotadas en los registros civiles al margen del acta del matrimonio.

Artículo XVII

El Estado Dominicano garantiza la asistencia religiosa a las fuerzas armadas de tierra, mar y aire y a este efecto se pondrá de acuerdo con la Santa Sede para la organización de un cuerpo de capellanes militares, con graduación de oficiales, bajo la jurisdicción del Arzobispo Metropolitano en lo que se refiere a su vida y ministerio sacerdotal, y sujetos a la disciplina de las fuerzas armadas en lo que se refiere a su servicio militar.

Artículo XVIII

El Estado tendrá por festivos:

1) los días de precepto establecidos en toda la Iglesia por el Código de Derecho Canónico, es decir:

— todos los domingos;

— las fiestas de Circuncisión (1 de enero), Epifanía (día de Reyes, 6 de enero), San José (19 de marzo), Ascensión, Corpus Christi, Santos Apóstoles Pedro y Pablo (29 de junio), Asunción (15 de agosto), Todos los Santos (1 de noviembre), Inmaculada Concepción (8 de diciembre), Navidad de Nuestro Señor Jesucristo (25 de diciembre);

2) además los días de precepto establecidos en la República Dominicana, es decir:

— festividad de Ntra. Sra. de la Altagracia (21 de enero);

— festividad de Ntra. Sra. de las Mercedes (24 de septiembre).

El Estado dará en su legislación las facilidades necesarias para que los fieles puedan cumplir en esos días sus deberes religiosos.

Las Autoridades civiles, tanto nacionales como locales, velarán por la debida observancia del descanso en los días festivos.

Artículo XIX

1. El Gobierno Dominicano facilitará la necesaria asistencia religiosa a los establecimientos nacionales, como son los colegios, los hospitales, los asilos de ancianos o de niños, las cárceles, etc.

A tal fin, si el establecimiento no tiene capellán propio, el Estado permitirá el libre acceso y el ejercicio de la asistencia espiritual en dicho establecimiento al párroco del lugar o al sacerdote encargado por el Ordinario competente.

2. En los asilos, orfanatos, establecimientos o instituciones oficiales de educación, corrección y reforma de menores dependientes del Estado, se enseñará la religión católica y se asegurará la práctica de sus preceptos.

3. El Gobierno Dominicano, cuando sea posible, confiará a religiosos y religiosas la dirección de los hospitales, asilos y orfanatos y otras instituciones nacionales de caridad. La Santa Sede, por su parte, favorecerá tal proyecto.

Artículo XX

1. La Iglesia podrá libremente fundar Seminarios o cualesquiera otros institutos de formación o de cultura eclesiástica; su régimen no estará sujeto a la fiscalización del Estado.

2. Los títulos, grados, certificados y comprobaciones escolares otorgados por tales centros tendrán la misma. fuerza que los concedidos por los establecimientos del Estado en el orden correspondiente.

En vista de ello la Autoridad eclesiástica comunicará a la competente Autoridad del Estado los textos adoptados en dichas instituciones para la enseñanza de las disciplinas que no sean teológicas y filosóficas.

3. Los grados académicos adquiridos en las Universidades o Institutos Pontificios de Altos Estudios serán reconocidos en la República Dominicana, para todos sus efectos civiles, como los grados conferidos y reconocidos por el Estado.

Artículo XXI

1. El Estado Dominicano garantiza a la Iglesia Católica la plena libertad de establecer y mantener, bajo la dependencia de la Autoridad eclesiástica, escuelas de cualquier orden y grado. En consideración de la utilidad social que de ellas deriva a la Nación, el Estado las amparará y procurará ayudarlas también mediante congruas subvenciones.

La enseñanza religiosa en dichas escuelas siempre será organizada e impartida libremente por la Autoridad eclesiástica.

2. Los certificados y comprobaciones escolares otorgados por los establecimientos de enseñanza primaria dependientes de la Autoridad eclesiástica tendrán la misma fuerza que los otorgados por los correspondientes establecimientos del Estado.

3. Los exámenes y pruebas de aprovechamiento para la concesión de certificados y títulos oficiales de estudio a los alumnos de las escuelas secundarias y normales dependientes de la Autoridad eclesiástica se celebrarán, a petición de ésta, en los mismos establecimientos, por medio de comisiones especiales compuestas, al menos parcialmente, por docentes del plantel.

Artículo XXII

1. La enseñanza suministrada por el Estado en las escuelas públicas estará orientada por los principios de la doctrina y de la moral católicas.

2. En todas las escuelas públicas primarias y secundarias se dará enseñanza de la religión y moral católicas —según programas fijados de común acuerdo con la competente Autoridad eclesiástica— a los alumnos cuyos padres, o quienes hagan sus veces, no pidan por escrito que sean exentos.

3. Para dicha enseñanza sólo se utilizarán textos previamente aprobados por la Autoridad eclesiástica, y el Estado nombrará maestros y profesores que tengan un certificado de idoneidad expedido por el Ordinario competente. La revocación de tal certificado les priva, sin más, de la capacidad para la enseñanza religiosa.

En la designación de estos maestros y profesores el Estado tendrá en cuenta las sugestiones de la Autoridad eclesiástica y, en las escuelas secundarias y normales, cuando haya sacerdotes y religiosos en número suficiente y los proponga el Ordinario del lugar, les dará la preferencia sobre los seglares.

4. El párroco, por sí o por su delegado, tendrá acceso a las escuelas primarias para dar lecciones catequísticas periódicas.

5. Los Ordinarios de los lugares podrán cerciorarse, por sí mismos o por sus delegados, mediante visitas a las escuelas, del modo como se da la enseñanza de la religión y moral.

6. El Estado cuidará de que en las instituciones y servicios de información que estén a su cargo, y en particular en los programas de radio-difusión y televisión, se dé el conveniente puesto a la exposición y defensa de la verdad religiosa, por medio de sacerdotes y religiosos designados de acuerdo con el Ordinario competente.

Artículo XXIII

1. El Estado Dominicano reconoce a las instituciones y asociaciones religiosas, de quienes trata el art. IV, la plena capacidad de adquirir, poseer y administrar toda clase de bienes.

2. La gestión ordinaria y extraordinaria de los bienes pertenecientes a entidades eclesiásticas o asociaciones religiosas y la vigilancia e inspección de dicha gestión de bienes corresponderán a las Autoridades competentes de la Iglesia.

3.La República Dominicana reconoce y garantiza la propiedad de la Iglesia sobre los bienes muebles e inmuebles que el Estado reconoció como pertenecientes a ella con la Ley n. 117 del 20 de abril de 1931, aclarada por Ley n. 390 del 16 de septiembre de 1943, así como de los bienes que, después de tal fecha, la Iglesia ha legítimamente adquirido o adquiera, incluidos los que han sido o sean declarados monumentos nacionales.

La República Dominicana declara propiedad de la Iglesia también todos los templos y otros edificios con fines eclesiásticos que el Estado ha venido construyendo desde el año 1930 y construya en adelante.

4.La Iglesia puede recibir cualquiera donación destinada a la realización de sus fines, y organizar colectas especialmente en el interior o a la puerta de los templos y de los edificios y lugares que le pertenezcan.

Artículo XXIV

1. Los edificios sagrados, los Seminarios y otros edificios destinados a la formación del clero, los edificios de propiedad de la Iglesia empleados en fines de utilidad pública, las residencias de los Obispos y de los ministros del culto, cuando sean propiedad de la Iglesia, estarán exentos de cualquier impuesto o contribución.

Queda expresamente convenido que los bienes, cuya propiedad adquiera la Iglesia por donación entre vivos o por disposición testamentaria, estarán exentos de los impuestos de donación o de sucesión, siempre que los bienes recibidos en esa forma, se destinen a un fin propio del culto o de utilidad pública por voluntad del donante o del testante o por ulterior disposición de la Autoridad eclesiástica competente.

2. Los bienes eclesiásticos no comprendidos en el número precedente no podrán ser gravados con impuestos ni contribuciones especiales.

3. Los eclesiásticos estarán exentos de cualquier impuesto o contribución en razón del ejercicio de su ministerio espiritual.

4. Los Ordinarios de los lugares y los rectores de parroquias gozarán de franquicia postal y telegráfica en su correspondencia oficial en el País.

5. Los edictos y avisos que se refieren al ministerio sagrado, fijados en las puertas de los templos, estarán exentos de cualquier impuesto o contribución.

Artículo XXV

El Estado garantiza el derecho de libre organización y funcionamiento de las asociaciones católicas con fin religioso, social y caritativo, y en particular de las asociaciones de Acción Católica bajo la dependencia de los Ordinarios de los lugares.

Artículo XXVI

Los domingos y fiestas de precepto, así como los días de Fiesta Nacional en todas las Iglesias Catedrales, Prelaticias y parroquiales de la República Dominicana se rezará o cantará al final de la función litúrgica principal una oración por la prosperidad de la República y de su Presidente.

Artículo XXVII

Las demás materias relativas a personas o cosas eclesiásticas que no hayan sido tratadas en los artículos precedentes serán arregladas según el Derecho Canónico vigente.

Si en el porvenir surgiere alguna duda o dificultad sobre la interpretación del presente Concordato, o fuere necesario arreglar cuestiones relativas a personas o cosas eclesiásticas, que no hayan sido tratadas en los artículos precedentes y que toquen también el interés del Estado, la Santa Sede y el Gobierno Dominicano procederán de común inteligencia a solucionar amigablemente la diferencia.

Artículo XXVIII

1. El presente Concordato, cuyos textos en lengua española e italiana hacen fe por igual, entrará en vigor desde el momento del canje de los instrumentos de ratificación, el cual deberá verificarse en el término de los dos meses subsiguientes a la firma.

2. Con la entrada en vigor de este Concordato, se entienden derogadas todas las disposiciones contenidas en Leyes, Decretos, Ordenes y Reglamentos que, en cualquier forma, se opongan a lo que en él se establece.

El Estado Dominicano promulgará, en el plazo de seis meses, las disposiciones de derecho interno que sean necesarias para la ejecución de este Concordato.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios firman el presente Concordato.

Hecho en doble ejemplar.

Ciudad del Vaticano, 16 de Junio de 1954.

Domenico Tardini
Rafael Leónidas Trujillo Molina

As bad as we have it?

None that I have found in my research. El Salvador is the only other country that gets close to it but NOT as bad as we have it that's for sure!

PROTOCOLO FINAL

En el momento de proceder a la firma del Concordato que hoy se concluye entre la Santa Sede y la República Dominicana, los Plenipotenciarios que subscriben han hecho, de común acuerdo, las siguientes declaraciones que formarán parte integrante del mismo Concordato :

En relación
con el artículo VII, n. 2

En ejecución de lo dispuesto en el art. VII, n. 2, del Concordato, el Gobierno de la República Dominicana dará:

a) a la Curia arquidiocesana de Santo Domingo la suma de quinientos pesos oro mensuales;

b) a las Curias de cada otra Diócesis o Prelatura nullius la suma de trecientos pesos oro mensuales.

En relación
con el artículo X

Cuando se trate de llamar a la República Dominicana a una Orden o Congregación religiosa extranjera la Autoridad eclesiástica competente lo notificará al Gobierno.

En relación
con el artículo XV

A) Para el reconocimiento, por parte del Estado, de los efectos civiles del matrimonio canónico, será suficiente que el acta del matrimonio sea transcrita en el Registro civil correspondiente. Esta transcripción se llevará a cabo de la siguiente manera :

El Párroco, dentro de los tres días siguientes a la celebración del matrimonio canónico, transmitirá copia textual del acta de la celebración al competente Oficial del Estado civil para que proceda a la oportuna transcripción.

Dicha transcripción debe realizarse dentro de los dos días siguientes a la recepción de la misma acta, y dentro de los tres días de haberla transcrito el Oficial del Estado civil hará la oportuna notificación al Párroco indicando la fecha.

El Párroco que sin graves motivos deje de enviar copia del acta matrimonial dentro del plazo citado incurrirá en pena de desobediencia, y el funcionario del Registro civil que no lo transcriba a su tiempo incurrirá en las sanciones que señale la ley orgánica de su servicio.

B) Se entiende que los efectos civiles de un matrimonio debidamente transcrito regirán a partir de la fecha de la celebración canónica de dicho matrimonio. Sin embargo, cuando la transcripción del matrimonio sea solicitada una vez transcurridos cinco días de su celebración, dicha transcripción no perjudicará los derechos adquiridos, legítimamente, por terceras personas.

No obsta a la transcripción la muerte de uno o de ambos cónyuges.

En relación
con el artículo XX

1. La Santa Sede otorga al Seminario Conciliar de Santo Tomás de Aquino en Ciudad Trujillo el título de Instituto Pontificio.

Para este fin el Gobierno se compromete a hacer en el edificio que donó al Seminario las ampliaciones que las Partes de común acuerdo juzguen necesarias y a contribuir a sufragar los gastos de dicha institución con una aportación mensual de quince pesos oro por cada seminarista dominicano que allí curse sus estudios.

2. Con el fin de levantar cada vez más el prestigio del clero nacional, el Estado sostendrá cuatro becas de seminaristas dominicanos que la Autoridad eclesiástica envíe a cursar sus estudios en los Ateneos Pontificios en Roma.

En relación
con el artículo XXI

Queda entendido que:

1. Para la apertura de escuelas dependientes de la Autoridad eclesiástica no se exige licencia alguna ni otra formalidad.

2. La vigilancia del Estado, por lo que atañe a las escuelas dependientes de la Autoridad eclesiástica, se referirá a lo tocante a las normas de seguridad e higiene, así como, limitadamente a los establecimientos mencionados en el n. 2 del presente articulo, al desarrollo de los programas de estudio ; y siempre se efectuará teniendo en cuenta el carácter especial de dichas escuelas y de acuerdo con la Autoridad eclesiástica correspondiente.

En relación
con el artículo XXIII

1. El Estado no procederá a declarar monumentos nacionales otras propiedades eclesiásticas sino de acuerdo con la competente Autoridad religiosa.

2. Se entiende que un bien eclesiástico declarado monumento nacional es inalienable, y que la Autoridad eclesiástica, propietaria del inmueble, no procederá a modificaciones o reformas de éste sino de acuerdo con la Autoridad civil competente.

En relación
con el artículo XXVI

La oración será la siguiente :

V. Dómine, salvam fac Rempúblicam et Pr?sidem ejus.

R. Et exáudi nos in die, qua invocavérimus te.

V. Salvum fac pópulum tuum, Dómine: et bénedic hereditáti tuæ.

R. Et rege eos et extólle illos usque in ætérnum.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam.

R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

Orémus.

Pópulum tuum, qu?sumus, Dómine, contínua pietáte custódi, ejúsque Rectóres sapiéntiæ tuæ lúmine illústra; ut, quæ agénda sunt, vídeant, et ad implénda quæ vidérint, convaléscant. Per Christum Dóminum nostrum.

R. Amen.

Ciudad del Vaticano, 16 de Junio de 1954.

Domenico Tardini
Rafael Leónidas Trujillo Molina

Here is a scary quote from:

Nicolas de Jesus Lopez Rodriguez:

El 18 de marzo del 2008, en el "Desayuno del Listin", El cardenal confeso "La iglesia catolica posee hoy un patrimonio en el area educativa, de tal magnitud, que NI siquiera el estado, sumando lo de este con el sector privado, lo supera"

CONCORDAT AND FINAL PROTOCOL BETWEEN THE
DOMINICAN REPUBLIC AND THE HOLY SEE

[16 June 1954]



In the name of the Most Holy Trinity

The Holy See and the Dominican Republic, desirous of promoting fruitful cooperation for the better good of the religious and civil life of the Dominican Nation, have decided to draw up a Concordat establishing the rules that shall govern reciprocal relations between the High Contracting Parties, in accordance with the Law of God and the Dominican Republic’s Catholic tradition.

To this end, His Holiness the Supreme Pontiff Pius XII has appointed as his plenipotentiary his Excellency the Most Reverend Monsignor Domenico Tardini, First Secretary of State for Extraordinary Ecclesiastical Affairs;

and his Excellency the President of the Dominican Republic has appointed as his plenipotentiary Dr Rafael Leonidas Trujillo Molina.

Having exchanged their respective full powers, which were found to be in due and proper form, the Plenipotentiaries agreed the following articles:


[B]ARTICLE I[/B]

The Holy Roman Catholic and Apostolic Religion is the Religion of the Dominican Republic, and shall enjoy the rights and prerogatives due to it under Divine and Canon Law.


[B]ARTICLE II[/B]

1. The Dominican Republic recognises the international legal personality of the Holy See and the Vatican City State.

2. So as to maintain traditional friendly relations between the Holy See and the Dominican Republic, an Ambassador for the Dominican Republic shall be accredited to the Holy See, and an Apostolic Nuncio in Ciudad Trujillo. The latter shall be the dean of the Diplomatic Corps in accordance with common law and tradition.


ARTICLE III

1. The Dominican Republic recognises that the Catholic Church is a perfect society, and guarantees that the Catholic Church shall freely and fully exercise its spiritual power and jurisdiction, and shall be able to freely and publicly organise acts of worship.

2. In particular the Holy See shall be able to adopt and publish any provision relative to the Church in the Dominican Republic without impediment, and shall communicate with Prelates, clergy and the faithful in the Dominican Republican; and Prelates, clergy and the faithful shall be able to communicate with the Holy See.

Ordinaries and other Ecclesiastical Authorities shall enjoy the same rights with regard to their clergy and faithful.


[B]ARTICLE IV[/B]

1. The Dominican Republic shall recognise the legal personality of all religious institutions and associations established under Canon Law in the Dominican Republic on the entry into force of this Concordat; in particular the legal personality of Dioceses, the Prelature Nullius and related institutions, Religious Congregations, Societies promoting communal life, and lay accredited Institutions promoting Christian perfection, whether established by pontifical or diocesan right, as well as to their provinces and houses.

The competent Ecclesiastical Authorities shall submit to the relevant department of the Dominican Government a list of the afore-mentioned religious institutions and associations within two months of the ratification of this Concordat.

2. Similar bodies established or approved in the Dominican Republic by the competent Ecclesiastical Authorities shall enjoy official recognition provided that the act establishing them or approving their establishment is officially communicated in writing to the competent State Authorities.


ARTICLE V

1. For the appointment of an Archbishop, resident Bishop or his coadjutor with the right of succession, the Holy See shall communicate the name of the candidate to the Dominican Government with a view to establishing whether there are any general political objections to the appointment. If the government does not respond within thirty days of the afore-mentioned notification, it shall be deemed that there is no objection. These procedures shall be conducted in strict secrecy.

2. When appointing the Archbishop and Bishops, the Holy Father shall consider appropriate priests that are citizens of the Dominican Republic. However, the Holy Father may, if he deems it necessary and appropriate for the greater religious good of the country, appoint priests that are not Dominican Nationals, on the grounds of a shortage of Dominican priests.


ARTICLE VI

1. The territory of the Dominican Republic shall be divided into the following ecclesiastical areas: the Metropolitan Archdiocese of Santo Domingo; the Diocese of Santiago de los Caballeros; the Diocese of La Vega; the Prelature Nullius of San Juan de la Maguana.

2. The Holy See shall seek the agreement of the Dominican Government prior to establishing new Dioceses or Prelatures nullius, or to effecting other changes to dioceses as may be deemed necessary, except in the case of minor alterations required for the good of souls.



ARTICLE VII

[COLOR=#990030]1. The Dominican Government undertakes to build the Cathedral, Church of the Prelature, the residences of the Bishops or Prelate Nullius, and the offices of the Curia as may be required in current existing Dioceses and Prelature, as well as in Dioceses established in the future.

2. Furthermore, the Government shall provide a monthly subsidy for administrative costs and for poor churches to the Archdiocese of Santo Domingo, and to each Diocese or Prelature Nullius such as currently exist or that may be established in the future.[/COLOR]


ARTICLE VIII

The Archbishop of Santo Domingo shall have the title of Primate of the Indies, in accordance with the Bull of Pius VII Divinis Praeceptis of 28th of September 1816.

The title, rights and privileges of the Metropolitan Church of Santo Domingo as a Minor Basilica, granted by Benedict XV in Breve Inter Americae of 14th of June 1920, are hereby confirmed.


ARTICLE IX

1. The establishment, alteration or suppression of parishes or other ecclesiastical offices or posts, the appointment of the Vicar General, Curia officials, parish priests or other officials of the Church shall be determined by the competent Ecclesiastical Authorities in accordance with the provisions of Canon Law. Furthermore, the relevant authorities shall inform the Government as soon as possible of the appointment of the Vicar General, parish priests, and, in cases where a parish is vacant, of the priest temporarily charged with that parish. In making appointments, the Authorities shall, where possible, give precedence to appropriate priests who are Dominican nationals.

2. Any Government objection to the conduct of an ecclesiastical official shall be considered and decided on by the competent Ecclesiastical Authorities.



ARTICLE X

1. The Ecclesiastical Authorities may avail themselves of the services and cooperation of foreign clergy or lay staff, and appoint foreign priests to ecclesiastical posts when it is deemed appropriate for the good of the Country, the Diocese or the Prelature.

2. Foreign priests or clergy invited to the Country by the Church for the purposes of their ministry or apostolic duties shall be exempt from any and all immigration taxes.

3. General or regional Superiors of Holy Orders or Congregations who reside outside the Dominican Republic, even if they are foreign nationals, shall have the right to visit their orders or their houses in the Dominican Republic, either personally or by delegation.


ARTICLE XI

1. Ecclesiastics shall enjoy the special protection of the State in the exercise of their ministry.

[COLOR=#990030]2. Ecclesiastics may not be cross-examined by judges or interrogated by other authorities on matters of which they have acquired cognizance as part of their holy ministry, and which therefore fall under the secret of their spiritual duties.[/COLOR]

3. Clergy and holy orders shall not be obliged to assume public office if these duties are deemed incompatible with their ordained status by Canon Law.

In order to exercise other duties or public office, they shall require the Nihil obstat of their own Ordinary, and the Ordinary of the place where the duties are to be carried out. If the Nihil obstat is revoked, they shall not continue to exercise these duties.


ARTICLE XII

Clergy, philosophy and theology seminarians, and holy orders (whether professed or novices) shall be exempt from military service, except when there is a general mobilization.

In the case of a general mobilization, priests shall perform military service by providing religious assistance; other clergy or holy orders shall be assigned to the health services and the Red Cross.

The following shall be exempt from military service even in the case of a general mobilization: Bishops, priests who charged with the care of souls, such as parish priests and their assistants, and priests required in the service of diocesan and prelature Curias, or Seminaries.

ARTICLE XIII

If a criminal charge is brought against an ecclesiastic or member of a religious order, the state jurisdiction charged with the matter shall duly inform the competent Ordinary, and forward to him the results of the investigation, and, should the eventuality arise, the ruling or sentence at Court of first instance, appeal, review or cassation.

Should an ecclesiastic or member of a religious order be placed under arrest, he shall be treated with the respect due to his ordained status.

If a prison sentence is passed on an ecclesiastic or member of a religious order, that sentence shall, as far as possible, be served in facilities separate to those for lay persons, unless the sentenced person has been reduced to lay status by the competent Ordinary.


ARTICLE XIV

Ecclesiastics or members of religious orders who have been forbidden to use the ecclesiastical and religious habit by order of the competent Ecclesiastical Authority, which should be officially communicated to the Authorities of the State, are forbidden from doing so; such use or the unlawful use of religious habit by other persons shall be subject to the same penalties as the unlawful use of military uniform. The abuse of ecclesiastical jurisdiction or unlawful exercise of ecclesiastical functions shall be subject to similar penalties.


ARTICLE XV

1. The Dominican Republic grants full civil recognition to marriages contracted under Canon Law.

2. In accordance with the inherent nature of Catholic matrimony it is understood that by virtue of contracting Catholic marriage, spouses renounce the possibility of divorce, which shall not be applicable to these Canon marriages.



ARTICLE XVI

1. Cases for the annulment of Canon matrimony, the dispensation of unconsummated marriages, and procedures relative to Pauline Privilege shall be the exclusive competence of the relevant ecclesiastical Tribunals. The Holy See agrees that cases for separation shall be dealt with by civil Courts.

2. Definitive decisions or rulings of ecclesiastical organs and Tribunals shall be submitted to the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura for review; the Supreme Tribunal shall then forward the rulings together with its own decrees by diplomatic channels to the competent Dominican Court, which shall implement them and enter them into the civil registry, and append them to the marriage certificate in question.


ARTICLE XVII

The Dominican State shall guarantee religious assistance to the army, navy and air force; to this end the State shall cooperate with the Holy See to establish and organize a corps of military chaplains. These chaplains shall be assigned the rank of officer, and shall be subject to the Metropolitan Archbishop in matters pertaining to their ministry, and subject to the discipline of the armed forces in matters pertaining to their military service.


ARTICLE XVIII

The State shall observe the following feast days:

1) Feast days determined by the Church under Canon Law, namely: every Sunday; the feast of the Circumcision (January the 1st), the Epiphany (feast of the Three Kings, January the 6th), Saint Joseph (19th of March), Ascension, Corpus Christi, Saints Peter and Paul Apostles (29th of June), Assumption (15th of August), All Saints (1st of November), the Immaculate Conception (8th of December), Christmas, the Birth of our Lord Jesus Christ (25th of December);

2) Feast Days in the Dominican Republic, namely: the feast of Our Lady of Altagracia (21st of January); the feast of Our Lady of Mercedes (24th of September).

The State shall adopt legislative provisions to allow the faithful to perform their religious obligations on these feast days.

National and local lay authorities shall observe these feast days as days of rest.


ARTICLE XIX

1. The Dominican Government shall provide the religious assistance necessary to national establishments such as schools, hospitals, old people’s homes, children’s homes, prisons, etc.

To this end, if an establishment does not have its own chaplain, the State shall allow free access to the local parish priest, or to the priest so charged by the competent religious Ordinary, so that he may provide spiritual succour to the establishment.

2. The Catholic Religion shall be taught, and its precepts applied, in orphanages, official educational establishments, and correctional establishments for minors.

3. Where possible, the Dominican Government shall charge religious orders with the management of hospitals, old people’s homes, orphanages and other national charitable institutions. The Holy See shall encourage this project.


ARTICLE XX

1. The Church shall be free to establish Seminaries or any other type of ecclesiastical training institution; these shall not be subject to the supervision of the State.

2. Awards, degrees or school certificates conferred by these institutions shall have the same legal validity as awards, degrees or certificates conferred by the State, and shall be deemed equivalent.

To this end, the competent Ecclesiastical Authority shall forward to the relevant State Authority the texts used in the aforementioned educational establishments for the teaching of subjects other than theology or philosophy.

3. Degrees and qualifications awarded at Pontifical Universities or Higher Educational Establishment shall receive the same official recognition in the Dominican Republic as degrees awarded by the State.


ARTICLE XXI

1. The Dominican State shall guarantee the Catholic Church full freedom to establish and run all and any type of school, which shall remain under the authority of the Church. Given the social utility of such schools for the Nation, the State shall grant official protection to these schools, and shall provide appropriate subsidies.

Religious education in the aforementioned schools shall be freely organised and imparted by the Ecclesiastical Authorities.

2. School certificates granted by primary educational establishments under the authority of the Church shall have the same validity as those granted by equivalent State educational establishments.

3. Exams or tests for the awarding of official certificates of secondary education to pupils of secondary educational establishments under the authority of the Church shall be held on the premises of these establishments at the request of the Ecclesiastical Authorities; the exams or tests shall be organised by special committees made up, at least in part, of State teaching staff.


ARTICLE XXII

1. Education provided by the State in public schools shall be guided by the moral and doctrinal principles of Catholicism.

2. All public primary and secondary schools shall teach Catholic religion and morality to pupils and students, unless their parents, or those substituting them, have requested an exemption in writing; this instruction shall follow programmes drawn up by common agreement with the competent Ecclesiastical Authority.

3. For the aforementioned instruction only texts previously approved by the Ecclesiastical Authority shall be employed; the State shall appoint primary and secondary education teachers who have been issued a certificate of suitability by the competent Ordinary. The withdrawal of this certificate shall have the immediate effect of disqualifying him or her from teaching religion.

In appointing primary and secondary education teachers the State shall take into account recommendations of the Ecclesiastical Authority; for secondary schools, if there is a sufficient number of priests or clergy in holy orders, and if they have been proposed by the local Ordinary, they shall be given precedence over lay teaching staff by the State.

4. The parish priest or his delegate shall have access to primary schools to provide regular Catechism instruction.

5. Local Ordinaries may visit schools personally, or delegate such visits, in order to ascertain how religious and moral education is being imparted.

The State shall ensure that information services and institutions under its aegis, and radio and television programmes in particular, assign sufficient priority to the presentation and defence of religious truth; it shall do so through priests and clergy in holy orders appointed in agreement with the competent Ordinary.


ARTICLE XXIII

1. The Dominican State recognises that the religious institutions and associations mentioned in Article IV have full capacity for the acquisition, ownership and management of all categories of property.

2. The normal and extraordinary management of property belonging to the aforementioned religious institutions and associations, as well as the supervision and inspection of their management shall be the responsibility of the relevant Church authorities.

3. The Dominican Republic recognises and guarantees the Church’s ownership of movable and immovable property acknowledged as belonging to the Church under Law nº 117 of the 20th of April 1931, clarified by Law nº 390 of the 16th of September 1943, as well as Church ownership of property legitimately acquired after this date, including properties declared national monuments.

The Dominican Republic declares that all places of worship or other premises built by the State since 1930 are the property of the Church, as are other buildings built by the State in the future.

4. The Church may receive any type of donation or gift intended for achieving its aims; it may organise special collections inside or outside places of worship or other premises owned by the Church.

ARTICLE XXIV

1. Holy buildings, Seminaries and other buildings for the training of clergy, buildings owned by the Church used for public purposes, the residences of Bishops or other clergy, shall, if they are the property of the Church, be exempt from all taxes or levies.

It is expressly agreed that all property acquired by the Church as a donation from a living person, or through inheritance from the will of a deceased person, shall be exempt from capital gains or inheritance tax,
provided that the properties thereby received are employed for worship or public purposes, either at the behest of the donor or testator, or if the competent Ecclesiastical Authority so decides.

2. Ecclesiastical property not covered by the foregoing paragraph shall not be taxable or subject to special levies.

3. On the grounds of their spiritual ministry ecclesiastics shall not be subject to any tax or levy.

4. Local Ordinaries and parish rectors shall have the free use of postal and telegraph services for their official correspondence within the country.

5. Edicts and notices relative to the sacred ministry which are affixed to the doors of places of worship shall be exempt from any tax or levy.


ARTICLE XXV

The State guarantees the freedom of organisation of Catholic associations of a religious, social or charitable nature, and in particular that of Catholic Action associations under the authority of local Ordinaries.



ARTICLE XXVI

On Sundays, feast days of precept and National holidays, a prayer for the prosperity of the Republic and its President shall be recited or sung at the end of the main liturgy in all Cathedrals, Prelatura Churches and parishes in the Dominican Republic.


ARTICLE XXVII

All other matters relative to ecclesiastical persons or property not dealt with in the preceding articles shall be settled under Canon Law currently in force.

Should any doubt or difficulty arise in the future with regard to the interpretation of this Concordat, or should the need arise to settle matters relative to ecclesiastical persons or property which also affect the interests of the State, the Holy See and the Dominican Government shall proceed by common accord with a view to finding an amicable settlement to any dispute.


ARTICLE XXVIII

1. This Concordat, the Spanish and Italian language versions of which are equally valid, shall enter into force upon the exchange of ratification instruments, which shall be verified within two months of the signature of the Concordat.

2. The entry into force of this Concordat shall imply that other Laws, Decrees, Orders or Regulations that oppose the provisions of the Concordat shall be repealed.

The Dominican Republic shall adopt the internal provisions necessary for the implementation of this Concordat within a period of six months.

In faith whereof, the Plenipotentiaries sign this Concordat.

Two copies have been drawn up.

Vatican City, 16th of June 1954.

Signed: Rafael Leonidas Trujillo Molina

Signed: Domenico Tardini

I, Máximo Antonio Ureña Hernández, Head of the Administrative Department of the State Secretariat for Foreign and Religious Affairs, certify that the foregoing copy is true and in accordance with the original CONCORDAT between the HOLY SEE and the DOMINICAN REPUBLIC filed in the archives of this State Secretariat.

Ciudad Trujillo, 1st of July 1954.

Máximo Antonio Ureña Hernández.




FINAL PROTOCOL



In signing the Concordat today concluded between the Holy See and the Dominican Republic the Plenipotentiaries signing have by common accord made the following declarations, which shall be an integral part of the Concordat.

With regard to Article VII, paragraph 2

In implementing the provisions of Article VII, paragraph 2 of the Concordat the Government of the Dominican Republic shall donate:

a) five hundred gold pesos a month to the Archdiocesan Curia of Santo Domingo

b) three hundred gold pesos a month to every other Diocese or Prelature Nullius


With regard to Article X

When a foreign religious order or congregation is to be invited to the Dominican Republic, the competent Ecclesiastical Authority shall inform the Government.


With regard to Article XV

A) For the State to recognise the civil validity of matrimony governed by Canon Law, it shall be sufficient for the marriage certificate to be transcribed into the relevant civil registry. This shall be carried out in the following way:

Within three days of the celebration of the marriage the Parish Priest shall forward a true copy of the marriage certificate to the competent State Civil Registry official so that it may be transcribed into the civil registry.

This transcription shall be carried out within two days of receipt of the certificate; within three days of the transcription taking place the State Civil Registry Official shall duly notify the Parish Priest of the date of transcription.

Parish Priests who, without serious grounds, fail to forward a copy of the marriage certificate within the stipulated time period shall be deemed guilty of disobedience; Civil Registry Officials who fail to transcribe the certificate in due time shall be subject to the sanctions provided for in the internal rules of the service.

B) It is understood that the civil validity of a marriage duly transcribed into the civil register shall commence on the date of the celebration of the Canon marriage. However, when the transcription of a marriage is requested five days after its celebration, this shall take place without prejudice to the legitimately acquired rights of third parties.

The transcription into the civil registry of the marriage shall not be prevented by the death of one or both spouses.


With regard to Article XX

1. The Holy See confers the title of Pontifical Institute to the Seminary of Saint Thomas Aquinas in Ciudad Trujillo.

Furthermore the Government undertakes to carry out extensions to the buildings donated to the Seminary, as deemed necessary by common agreement of the Parties; the Government undertakes to defray the costs of the aforementioned institution by means of a monthly contribution of fifteen gold pesos for each Dominican seminarian pursuing his studies in the Seminary.

2. In order to increase the prestige of national clergy, the State shall grant the Ecclesiastical Authority four scholarships for Dominican seminarians to pursue their studies in the Pontifical Athenea in Rome.


With regard to Article XXI

It shall be understood that:

1) No permit or other formality shall be required for the establishment of a school under the aegis of the Ecclesiastical Authority.

2) State supervision of schools subject to the Ecclesiastical Authority shall be restricted to health and safety standards; it shall also include, to a limited extent, the development of curricula in the establishments mentioned in paragraph 2 of this article; State supervision shall always be carried out in such a way as to take account of the special nature of the aforementioned schools, and with the agreement of the relevant Ecclesiastical Authority.